Por unanimidad, los integrantes del Directorio del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA) aprobaron la Política Nacional de Cultura 2017 – 2022, «Cultura y desarrollo humano: derechos y territorios», resultado de un extenso y amplio proceso de construcción, que inició en 2014 y contempló una serie de instancias participativas, las que solo durante este año incluyeron a más de 6.300 personas.

Este trabajo se desarrolló en paralelo a la transformación de la institucionalidad pública en cultura, y la creación, por primera vez en Chile, de un Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Asimismo, se traza un nuevo enfoque que parte desde el concepto de la cultura como un eje central en el desarrollo humano, con un marcado enfoque de derechos en torno al sujeto social y en insumos que provienen desde las regiones.

Al respecto, el ministro de las Culturas, Ernesto Ottone Ramírez, explicó que esta iniciativa «viene a culminar un proceso que se inicia desde los sectores culturales y los territorios y destaca porque plantea nuevos énfasis y temas en los que la ciudadanía se encuentra al centro. Es una política que responde a lo que nuestro país hoy necesita, en un contexto además de transformación en la institucionalidad cultural. El gran desafío que plantea es empoderar a la ciudadanía cultural, para que la sienta propia y se involucre en su proceso de implementación».

Mientras tanto, el arquitecto Sebastián Grey, quien forma parte del Directorio Nacional del CNCA en representación de la sociedad civil, destacó que esta política «sitúa a Chile en una nueva época. Su mirada es absolutamente contemporánea con respecto a algunos asuntos esenciales para una sociedad moderna. Está centrada en cuestiones que tienen que ver con derechos, con reconocimiento de territorios diversos, con el desarrollo humano y con un marcado énfasis en la participación. Me gustaría subrayar ese énfasis, pues es lo que nos puede poner en una condición nueva social y cultural en la región frente a los desafíos de la modernidad».

Sobre este nuevo instrumento, la periodista Ana María Egaña, también miembro del Directorio CNCA, expresó: que «es muy importante fundamentalmente porque es una carta de navegación para los próximos cinco años y porque fue realizada con una metodología de participación muy amplia a nivel regional. Marca un hito importante en el trabajo de la cultura, las artes y el patrimonio».

La construcción de esta hoja de ruta fue el objetivo central de la Convención Nacional de Cultura 2017, instancia que reúne a los consejeros y miembros del Directorio Nacional del CNCA, además de representantes de los comités asesores, directores de fundaciones y corporaciones, agentes relevantes de las culturas y las artes. En esa ocasión además se revisaron otras instancias de participación organizadas por el Consejo, así como la consulta «Tu Voz Crea Cultura» en torno al proyecto de ley para la creación del nuevo ministerio (2014), la Consulta Previa a los Pueblos Originarios (2014 y 2015), los Coloquios de Patrimonio (2016) y plenario (2017) y los Encuentros de Espacios Culturales 2016 y 2017.

En esta convención también se incorporó la voz de instancias organizadas por otros actores, como el Encuentro de la Unión Nacional de Artistas (julio 2017) y los encuentros locales autoconvocados para la nueva constitución, en los aspectos ligados a cultura, artes y patrimonio. Durante diciembre esta Política estará disponible para su descarga a través del sitio web del Ministerio.

Las principales orientaciones de la Política Nacional de Nacional de Cultura 2017 – 2022 son las siguientes:

· Cultura como pilar del desarrollo sostenible, resguardando los derechos culturales de las generaciones por venir, tanto a nivel local como nacional.

· Una creación libre y diversa, tanto individual como colectiva, socialmente valorada, respetando la propiedad intelectual y los derechos de autor.

· Un campo artístico-cultural fortalecido, estable y sostenible que respete los derechos laborales de los trabajadores de la cultura.

· Ciudadanías activas y con incidencia en la acción pública en cultura.

· Un tejido social cohesionado a través de la participación cultural de todas las personas, basado en el principio de no discriminación.

· La interculturalidad y la diversidad cultural como fuente de riqueza cultural para la sociedad en su conjunto.

· El patrimonio como un bien público y una construcción social, donde las comunidades colaboren con aquellos referentes significativos que les dan sentido e identidad.

· Memorias históricas y colectivas reconocidas, valoradas y (re)construidas en equilibrio con la institucionalidad y las comunidades.

· Una educación integral que considera a las artes, la cultura y el patrimonio como componentes fundamentales en el desarrollo de las personas y de la comunidad.

· Procesos innovadores y diversos de mediación cultural, artística y patrimonial, para una ciudadanía activa y en pleno conocimiento de sus derechos culturales.

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